Por Antero Flores-Araoz

La Fiscalía encargada de las investigaciones, del escandaloso caso de corrupción “Lava Jato”, iniciado en Brasil y que involucra a las principales empresas constructoras de dicho país y a las empresas nacionales consorciadas con aquellas, está haciendo su tarea.

En las investigaciones, la Fiscalía solicitó al Juzgado Penal competente, y el Juzgado lo autorizó, el allanamiento de dos locales de “Fuerza Popular”. Además el Juez dispuso el auxilio de la Fuerza Pública, que no es otra cosa que el apoyo policial para la diligencia.

La diligencia se realizó días atrás, a primeras horas de la mañana, con innecesario descerraje incluido, lo que originó la indignación y protesta de la dirigencia de dicha agrupación política.

El allanamiento, llueve sobre mojado, pues ya había crispación de Fuerza Popular por la investigación a su lideresa, bajo la normativa del crimen organizado, que de suyo es faltosa, y cuando también están en escena acusaciones de congresistas de la bancada de Fuerza Popular contra el Fiscal de la Nación, detenciones preventivas de empresarios peruanos por el sonado caso Lava Jato, conato de pelea entre el Ejecutivo y Legislativo por la negativa del Presidente PPK de prestar declaración presencial en la Comisión Investigadora del Parlamento.  Todo ello mezclado con aseveraciones de que el Presidente Kuczynski habría asesorado financieramente a empresas del Grupo Odebrecht, con las que antes se había relacionado en su posición de Ministro de Estado.

El tema tiene aristas legales, pero también fácticas.  ¿El allanamiento es legal? Sin ninguna duda, pues se encuentra dentro de la esfera de las facultades de jueces y fiscales, los primeros pudiéndolo solicitar y los segundos pudiéndolo ordenar.

Sin embargo, nos tenemos que preguntar si el allanamiento era necesario. Creemos que no, pues si lo que se buscaba era conexión de los gastos de campañas presidenciales del partido fujimorista con fondos proporcionados por Odebrecht, probablemente no encontrarían evidencia alguna, por la simple razón que han pasado   varios años desde la campaña electoral del 2011 y año y medio desde que finalizó la del 2016. Adicionalmente porque la investigación del Ministerio Público era por todos conocida, a la que se suma la actuación de dos comisiones investigadoras parlamentarias.  Una en el Congreso anterior, presidida por el entonces congresista Pari, y la otra presidida en el actual período parlamentario por la Congresista Bartra.

No tiene la más mínima lógica, que existiendo todo lo antes señalado, de haber indicios de corrupción, no hubieren sido ellos retirados antes, de los locales intervenidos.  En buena cuenta se habría efectuado un allanamiento inútil que ha generado protestas.

Una disposición tan grave y relevante como la de allanamiento a locales partidarios con auxilio policial, debería haber sido de conocimiento del Director General de la Policía, y la del Ministro del Interior, y que de ser el caso debieron informar también a la Jefe del Gabinete y al Presidente Kuczynski. Si es que no se informó, ello es grave, pero si se informó y no hubo reacción, ello es peor. ¡De espanto!