Por Antero Flores-Araoz

Ahora que está tan vigente, sea en medios o en el imaginario de la gente, el tema de la corrupción ligada a la contratación y ejecución de obras públicas, no debe pasar desapercibida otra situación, grave de por sí, a que están sometidas constructoras de todo tamaño, poderosas como débiles, prósperas o de ingresos reducidos, ejecutoras de obas públicas o privadas.

Las constructoras en cuestión, están bajo dos fuegos, intensos por cierto, como son de un lado la extorsión de algunos de los convocantes a licitaciones y concursos que “piden la suya” para adjudicarles la obra, así se hayan hecho merecedoras a la buena pro. No habrá adjudicación de la obra si es que no pagan “peaje”; más claro si no pagan “coima”.  De otro lado la extorsión de bandas y criminalidad organizada que amenazan a las constructoras con dañar su maquinaria y vehículos, incendiar sus campamentos, impedir el ingreso de su personal y en fin, cuanto daño uno se pueda imaginar, si es que no pagan “cupos”

Existe información en la prensa, sobre todo respecto al segundo tipo de extorsión a la que nos referimos, y últimamente en los departamentos del norte del Perú, donde ya se ejecuta parte de las obras de reconstrucción después del llamado “Niño Costero”, como son las obras de descolmatación de ríos y cauces. Los daños ocasionados por los extorsionadores ante la negativa de pago de “cupos” es aún más grave porque llegan las lluvias, se interumpen los trabajos, se retrasa la reconstrucción, y lo que es mucho peor, hay desbordes de ríos e inundaciones con nefastas consecuencias.

Pero la extorsión de las bandas criminales también se produce en otros lugares del Perú, como el llamado Norte Chico, en que el Gobernador de la Región Lima Provincias, don Nelson Chui, con entereza y coraje, y ante el temor de las constructorasamenazadas, ha tomado el guante y hecho la denuncia, tanto policial como mediática, de lo que viene aconteciendo en Huaura, Carquín, y otras localidades.

No pretendemos desviar la atención pública, de la clamorosa participación de grandes constructoras en hechos desdorosos que felizmente están siendo investigados, pero si llamar la atención de nuestras autoridades en dos sentidos.

El primero que si hay alguien que paga coimas es porque hay otros que la reciben y tienen tanta o mayor responsabilidad por ser los representantes del Estado, sea por extorsionar para lograr la coima, sea por dejarse corromper. Ellos no deben quedar impunes.

El segundo es qué desde la Policía Nacional, inmersa en el Ministerio del Interior, debería aumentarse el celo investigatorio respecto a bandas de extorsionadores en obras de construcción.  Somos conscientes que se ha avanzado con las famosas “recompensas” y se ha puesto a buen recaudo a algunas bandas, pero aun falta bastante y hay que poner mayor empeño en ello.