Ántero

El financiamiento de los partidos, puede ser privado, público o mixto. Cada país establece sus propias reglas y no todas son similares.

En el Perú  los partidos están financiados por un grupo de sus dirigentes o por cuotas que se supone pagan los militantes, y en épocas de campaña electoral por aportes que reciben de sus simpatizantes, sean personas naturales o jurídicas.

La Ley de Partidos Políticos, reguló el financiamiento privado poniéndose topes a las aportaciones externas a ellos, y estableció disposiciones para evitar que dineros “sucios” por narcotráfico, terrorismo u otros ilícitos, ingresen a los partidos y puedan influenciar en ellos y en las decisiones de sus representantes en la esfera pública.

En la misma Ley de Partidos se abrió la posibilidad del financiamiento estatal, además del privado, bajo el entendido que la Democracia cuesta, y que el Estado debería asumir parte del costo, fijándose además reglas de distribución del aporte estatal. Sin embargo, la misma Ley condicionó el financiamiento desde el Presupuesto General de la República, a que en el mismo se asignen recursos con dicho fin, lo que hasta ahora no sucedió.

Si bien conceptualmente no hay  reparos en el aporte financiero estatal a los partidos, ello debería ser residual.  Me explico, si tienes recursos suficientes y te sobran, pues en buena hora, pero si careces de ellos y tienes que cumplir con obligaciones estatales de mayor relevancia como es la educación, la salud, la seguridad y la infraestructura, sería abusivo e impopular destinar recursos presupuestales al sostenimiento de los partidos.

No sabría cuan frustrados en sus expectativas estarían los padres de familia con hijos en edad escolar y que van a la escuela pública sin carpetas y que muchas veces los niños se sientan en ladrillos, carecen de baños adecuados, no tienen bibliotecas ni laboratorios y ni que decir de facilidades deportivas; pero sin embargo el Estado financia a los partidos.

Seguramente similar indignación existiría al concurrir por  emergencia a hospitales o postas sanitarias públicas, en que hay que esperar horas para una atención deficiente y ante sus carencias tienes que ir a  boticas y farmacias para comprar desde  gasa,  hilo de sutura y ni que decir de los medicamentos que brillan por su ausencia. Sin embargo el mismo Estado que no tiene recursos suficientes para la salud, financiaría a los partidos. ¡Qué horror!

Existen sectores empresariales dispuestos a dotar de recursos a los partidos, pero no lo quieren hacer directamente  para evitar que mañana se pueda interpretar que lo hicieron para recibir favores en contrataciones con el Estado u obtener permisos, autorizaciones o licencias. Estos sectores propugnan que se entreguen los recursos a la autoridad electoral y sea ella quien los distribuya  a las agrupaciones políticas, principalmente destinados a la formación democrática.

Aunque la propuesta suena bien, si se pone un poco más de atención, ello significaría financiar con recursos empresariales hasta a las agrupaciones políticas que no creen en la libre empresa, que cuestionan la necesidad de facilitar el desarrollo y las inversiones y que al fin de cuentas son petardistas de nuestro sistema, que es el único que ha demostrado logros para conseguir bienestar.

Por Antero Flores-Araoz