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El actual Gobierno anunció varias veces, con bombos y platillos, que convenía efectuar un reordenamiento tributario, propósito en el que coincidimos, pero lamentando que en la realidad se haya hecho muy poco, prácticamente solo dejar de lado la capitalización de intereses por deuda tributaria, aunque con un complejo y temporal trámite para lograrlo, cuando debió ser automático.

Los llamados “paquetes” para la reactivación económica, si bien con norte adecuado, han sido tímidos en las medidas adoptadas, olvidando que debieron comenzar por revisar el sistema tributario que tenemos después de analizar el diagnóstico ya conocido, esto es la existencia de tributos que no ameritan mantenerlos, sea por complejidad en su determinación y recaudación, sea por lo poco significativo de su aporte a las arcas fiscales.

También se debió dictar correctivos a las malas prácticas existentes en Sunat, que tratan no mal, sino pésimo a los contribuyentes, partiendo de la premisa equivocada que todos son evasores o por lo menos elusores, y encerrados  en sus recintos recaudadores no atienden  las observaciones de los administrados ante el trato vejatorio de algunos de sus inspectores en lo que podríamos llamar la “Nueva Inquisición”, aunque únicamente tributaria.

Lo antes señalado se agrava por la poca o nula disposición para aceptar las quejas de los contribuyentes, pues estando dentro de  su urnas ni reciben llamadas ni menos citas, y únicamente el administrado puede recurrir a la Defensoría del Contribuyente que lamentablemente poco puede hacer ante la arrogancia abusiva.

El Gobierno debió haber hecho una mirada retrospectiva para ver lo que se hizo en épocas pretéritas cuando se estuvo en situaciones similares.  Por ejemplo en el gobierno de Fernando Belaunde y bajo la batuta de Manuel Ulloa Elías, se realizó una gran reforma tributaria que permitió más y mejor recaudación, pero con justicia tributaria, y luego en 1992, siendo Carlos Boloña Behr titular del MEF se dictó por el Decreto Legislativo No 25988 la “Ley de Racionalización del Sistema Tributario Nacional y de Eliminación de Privilegios y Sobrecostos”.

La Ley antes mencionada tuvo el mérito de establecer, únicamente como fuente tributaria para el Gobierno Nacional: el Impuesto a la Renta, el IGV, el ISC, el Impuesto al Patrimonio Empresarial, los Derechos Arancelarios y las Tasas por prestación de servicios públicos. La misma norma eliminó infinidad de los llamados “tributos destinados” y los de escasa recaudación.

Penosamente la racionalización tributaria fue perforada, pues se crearon impuestos temporales que mutaron a permanentes, como  por ejemplo el Impuesto a los Activos Netos que en alguna medida sustituyó al Impuesto al Patrimonio Empresarial;  y también fue creado el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) con el objetivo de lograr la “bancarización”,  pero que hoy carece de efectos prácticos cuando existen otras medidas que propenden a esa buena finalidad. Absurdamente se complicó al Mercado de Valores ampliando el Impuesto a la Renta para la ganancia de capital en valores listados en Bolsa, e indirectamente se obligó a las empresas bajo supervisión y fiscalización de los entes reguladores a costear sus actividades, con lo cual tenemos un impuesto adicional escondido bajo la denominación de contribución especial.

Las medidas deben tomarse en serio y no ser meros maquillajes, ya es hora de una mirada retrospectiva, para con su evaluación, recobren la buena dirección que se perdió en el camino.

Por Ántero Flores Aráoz