corrupción
La inseguridad y la corrupción son dos de los mayores flagelos que afectan a nuestra sociedad, tal como lo han podido confirmar las encuestas que se han hecho en todo el país.

La falta de correctivos eficaces desde el Estado está llevando a la sociedad a castigar directamente a los delincuentes, lo que sin duda alguna aumenta la violencia en el país y no arregla nada.

Por otro lado, en el tema de la corrupción, la inercia del Estado es un mensaje perverso pues al igual que mucha gente acepta el “roba pero hace”, también considera como normal que existan funcionarios que por adjudicar obras o adquirir bienes y servicios, cobren comisiones (coimas), y que existan empresarios que se las paguen.

El Estado, desde el Congreso de la República, trata de resolver la inseguridad y evitar la corrupción, elevando las sanciones previstas en el Código Penal. En la práctica se ha hecho añicos al Código y se ha terminado con su razonamiento principal, el cual es: a mayor gravedad del delito mayor sanción. Hoy nos encontramos con una serie de puntas punitivas, esto es penas para delitos menores al homicidio con sanciones mayores al mismo. Se terminó con la relación delito-sanción, y el bien más preciado que es la vida, su afectación está menos castigada que cualquier delito menos grave.

Adicionalmente a lo expuesto, y como hoy la población observa que muchos delincuentes están terminando de cumplir su carcelería, incluidos los internados por terrorismo, y podrían mañana ser candidatos a cargos públicos y en teoría ganar elecciones (recordemos el caso de Santos en Cajamarca), quiere por ello soluciones.

Como las normas no pueden ser retroactivas, habría que sugerirle al Congreso cambios al Código Penal, pero no con el manido uso de aumentar penas privativas de libertad, sino de incrementar la sanción de inhabilitación.

Nuestro ordenamiento penal, en relación con la inhabilitación, sea como pena principal o accesoria, se caracterizó por disponer que ella fuese temporal y no mayor que el tiempo de la pena principal. Felizmente esto varió desde la promulgación de la Ley 30076 que permite que la inhabilitación sea permanente.

Con el antecedente de la Ley 30076, debería el Congreso revisar el Código Penal, para sancionar específicamente cada uno de los delitos que versen sobre corrupción, con pena adicional de inhabilitación, sea para empleos en el Estado, postular cargos públicos electivos, ser postor en licitaciones o concursos públicos, y otros impedimentos que ayuden a sacar del circuito público a tanto indeseable que daña al país, a la sociedad y a la moral.

Por Ántero Flores Aráoz